Ayudas para instalar un salvaescaleras

Hay tres vías para pagar menos o repartir el coste de un salvaescaleras: el IVA reducido, las ayudas públicas a la accesibilidad y, si la escalera es común, la obligación de la comunidad de vecinos. Las convocatorias cambian cada año, así que comprueba siempre las bases vigentes antes de contar con ellas.

IVA reducido

La instalación de ascensores, rampas y plataformas elevadoras en la vivienda de una persona con discapacidad puede tributar al 10 % de IVA en lugar del 21 %, cuando forma parte de una obra de adaptación de la vivienda. Normalmente se exige un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. Pide al instalador que lo tenga en cuenta en el presupuesto y, si tienes dudas sobre tu caso, consúltalo con la Agencia Tributaria.

Ayudas de la Generalitat Valenciana

La Conselleria de Vivienda convoca ayudas para mejorar la accesibilidad en edificios de viviendas, dentro del Plan Estatal de Vivienda. Cubren actuaciones como la instalación de ascensores, rampas y plataformas elevadoras en edificios residenciales colectivos. En la convocatoria de 2025 el presupuesto se amplió hasta 15,1 millones de euros. Los plazos, requisitos y cuantías se publican en cada convocatoria en la web de la Conselleria y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Ayudas municipales

Algunos ayuntamientos de la provincia, como el de Elche, han convocado ayudas propias para rehabilitación y mejora de la accesibilidad de viviendas. Pregunta en tu ayuntamiento o en su web si hay una convocatoria abierta.

Si la escalera es de la comunidad de vecinos

El artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que la comunidad debe realizar, sin necesidad de votación previa, las obras de accesibilidad necesarias cuando lo pidan los propietarios de una vivienda en la que viva una persona con discapacidad o mayor de 70 años. Esto se aplica cuando:

• el importe que le corresponde pagar a cada vecino al año, descontadas las ayudas públicas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes; o
• las ayudas públicas cubren al menos el 75 % del coste de la obra.

Si el coste supera ese límite, la obra sigue siendo obligatoria si los propietarios que la piden asumen la diferencia. La junta se limita a repartir el coste entre los vecinos.

Esta información es general y no sustituye el asesoramiento del administrador de fincas o de un abogado para tu caso concreto.